Trayectoria de las estrategias de resistencia del pueblo U’wa por la defensa de su tierra

En Colombia, el caso del pueblo U’wa constituye uno de los ejemplos emblemáticos de resistencia frente al avance de las economías extractivas y la omisión histórica del Estado en la protección de los territorios ancestrales. La disputa se remonta a la década de 1990, cuando la empresa Occidental Petroleum (OXY) obtuvo licencias del Estado colombiano para realizar exploraciones petroleras en el Bloque Samoré, territorio que los U’wa consideran sagrado y esencial para el equilibrio de la vida (Vila, 2017, p. 1). A continuación, este artículo presenta, por un lado, un recuento de la lucha U’wa, destacando sus logros y dificultades y, por otro, un análisis de sus estrategias de interacción con la sociedad civil nacional e internacional, así como con las instituciones del Estado. Antes de abordar estos dos aspectos, se definen algunos términos analíticos que sirven de base para el desarrollo del artículo.

Almeida (2019) reconoce que los movimientos sociales suelen estar conformados por sectores históricamente excluidos que, frente a amenazas sociales, económicas o ambientales, recurren a movilizaciones colectivas sostenidas, en muchos casos fuera de las estructuras tradicionales del poder político. Los U’wa, como movimiento social, cumplen con esta definición, pues desde 1998 hasta 2026 han mantenido su lucha y relevancia (El Estado colombiano sigue en deuda con el pueblo U’wa, 2026). Aunque Goodwin (2014) subraya que los movimientos sociales suelen actuar al margen de las instituciones tradicionales o mediante el uso de medios extrainstitucionales, Almeida (2019) reconoce que existen diversas tácticas que abarcan desde las más convencionales hasta las más disruptivas.

Ahora bien, la experiencia del pueblo U’wa muestra que la movilización pacífica no se reduce únicamente a las marchas, sino que también se entrelaza con el uso de mecanismos jurídicos, la comunicación estratégica y las alianzas nacionales e internacionales, que constituyen pilares de su lucha (Vila, 2017)¹. Estas acciones se desarrollan en un contexto marcado por tensiones históricas de dominación territorial que, como señala Vila (2017), reproducen patrones coloniales bajo la legalidad estatal y empresarial, caracterizados por formas de violencia directa e indirecta.

Ante las condiciones de exploración y explotación de su territorio, los U’wa asumieron una posición firme de no permitir proyectos extractivos en Kajka Ika, nombre con el que se refieren a su territorio ancestral, reforzando así su capacidad de incidencia frente a actores estatales y corporativos (Vila, 2017)². La movilización de más de mil indígenas en el río Cubugón contra OXY evidenció esta defensa del territorio (Vila, 2017)³. La respuesta del Estado fue militarizar la zona, lo que causó muertes y desapariciones (Corte IDH, 2024), hecho que evidencia el uso excesivo de la fuerza estatal del que advierte Couch (1968). Pese a ello, el pueblo mantuvo su resistencia pacífica⁴.

En 1995, la Defensoría del Pueblo interpuso una acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá contra el Ministerio del Medio Ambiente y la Sociedad Occidental de Colombia, al considerar que la licencia otorgada a OXY vulneraba el derecho de la comunidad a participar en las decisiones sobre su territorio (CIDH, 2019, p. 10).

En 1997, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó la realización de una consulta previa; no obstante, el Consejo de Estado anuló su alcance, reduciéndola a un mero ejercicio informativo (CIDH, 2019, p. 10). Este estancamiento judicial en el plano interno no significó el agotamiento de la lucha, sino su reconfiguración hacia una estrategia transnacional. Ante la ineficacia de los mecanismos nacionales, distintas organizaciones no gubernamentales y la Transnational Advocacy Network (TAN) decidieron respaldar a la comunidad para visibilizar su causa en el exterior y sostener la futura demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Rodríguez-Garavito y Arenas, 2005, p. 253).

La TAN que apoyó al pueblo U’wa fue una red amplia y diversa que operó de manera coordinada a nivel internacional frente a OXY y el Estado colombiano: mientras líderes como Berito Kubaru’wa realizaban giras en Estados Unidos, Europa y América Latina para denunciar la amenaza petrolera y construir alianzas, organizaciones especializadas en litigio, como Earth Legal Defense Fund, CEJIL y la Comisión Colombiana de Juristas, presentaban ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una queja formal que llevó el conflicto a la esfera internacional. En Estados Unidos, Rainforest Action Network, Amazon Watch y el U’wa Defense Project impulsaron campañas mediáticas en medios como The New York Times, protestas en reuniones de accionistas de OXY y presiones sobre inversionistas como Fidelity Investments.

En América Latina y Europa, Acción Ecológica, a través de la red Oilwatch, articuló la solidaridad internacional y facilitó que la causa U’wa fuera reconocida por gobiernos europeos y actores como el Partido Verde italiano. Gracias a esta articulación global, la lucha U’wa ingresó al movimiento por la justicia global y se destacó en espacios como las protestas contra el Banco Mundial (2000) y el Foro Social Mundial, generando un “efecto boomerang” que alteró las correlaciones de poder y demostró la capacidad de la defensa indígena para trascender fronteras mediante alianzas internacionales sólidas (Rodríguez-Garavito y Arenas, 2005, pp. 253-255).

Aunque la lucha pacífica se mantuvo, no siempre obtuvo resultados favorables, como ocurrió tras la habilitación del pozo Gibraltar⁵. En coherencia con su cosmovisión, la comunidad realizó bloqueos en las rutas de acceso al pozo, expresando su rechazo al proceso de licenciamiento ambiental y a la explotación de recursos en su zona ancestral⁶. Ante la falta de resultados de la movilización, los U’wa recurrieron nuevamente a mecanismos institucionales. En asambleas, sus autoridades exigieron al Gobierno el cese del proyecto Magallanes, el saneamiento del resguardo y el reconocimiento de títulos coloniales. Complementaron estas demandas con movilizaciones pacíficas, como la realizada en La China, donde bloquearon la reparación del oleoducto hasta lograr una mesa de diálogo. La combinación de ambas estrategias abrió un proceso de negociación con altos funcionarios y culminó en el acuerdo del 1 de mayo de 2014, mediante el cual Ecopetrol se comprometió a desmontar el proyecto APE-Magallanes (Vila, 2017, p. 69).

De lo anterior se concluye que la experiencia del pueblo U’wa demuestra la articulación entre estrategias institucionales y no institucionales para defender su territorio. La visibilización internacional impulsada por líderes como Berito Kubaru’wa permitió establecer vínculos estratégicos con activistas y organizaciones no gubernamentales (ONG), transformando una resistencia territorial en una causa global. Estas alianzas consolidaron una red de apoyo que fortaleció la presión política y jurídica sobre el Estado colombiano y las empresas extractivas, evidenciando que las luchas indígenas no se limitan al ámbito comunitario, sino que también pueden incidir en escenarios internacionales. En consecuencia, el caso U’wa constituye un referente de resistencia que da cuenta de la capacidad de los pueblos originarios para reconfigurar las relaciones de poder mediante estrategias combinadas de movilización, acción jurídica y diplomacia ambiental.